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Sorpresiva la noticia de la detención de
Flavio Sosa, uno de los principales dirigentes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca, la ya conocida APPO.
Sorpresiva, porque quizá ya se nos había
hecho costumbre que los responsables de los desórdenes en la ciudad de Oaxaca
se pasearan impunemente y, como decías anoche, se sentaran tranquilamente a
dialogar con el Secretario de Gobernación.
Los tribunales juzgarán sobre la eventual
culpabilidad de Sosa.
Desde ahora buscan ampararlo bajo el manto
de activista social.
Algunos han llegado a comparar la
violencia en Oaxaca con las manifestaciones estudiantiles de 1968. En 1968,
Joaquín, los estudiantes no incendiaron edificios ni quemaron vehículos.
Así, el nuevo gobierno federal muestra que
lo del respeto a la ley va en serio.
Allá en la ciudad de Oaxaca, está feliz el
gobernador Ulises Ruiz.
No debería estarlo tanto, porque continúan
las auditorias al manejo de recursos federales que hizo el gobierno estatal que
encabeza Ruiz Ortiz.
Y cuando se busca, algo se encuentra. ¿Qué
tal si también le aplican la ley?
No debería estar tan feliz el gobernador
oaxaqueño, porque tarde o temprano se retirará la Policía Federal Preventiva,
gracias a la cual se controló la situación.
No debería estar tan feliz, porque pronto
tendrá que depender de sus propias fuerzas y de su presunta habilidad política.
A menos que, como sospechan los ciudadanos
de Oaxaca, el mismo gobernador haya promovido los desórdenes.
Dicen en Oaxaca que escuchaban a su
gobernador cantar aquello de “que no quede huella, que no, que no”.
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