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Ayer, afirman casi todos los medios y
comentaristas, se abrió una fisura en el conflicto de Oaxaca.
No nos apresuremos a echar las campanas a
vuelo, pues aún los dirigentes de la APPO y la sección 22 van a consultar con
sus bases.
El acuerdo fue, por lo pronto, que el
mando de las policías de Oaxaca, la estatal y las municipales, pase a manos del
gobierno federal.
El funcionario del gobierno federal que
tenga ese mando estará supervisado por un consejo dizque ciudadano.
Quizá, como dicen, esa sea la salida para
un conflicto que ha durado ya 141 días.
Yo tengo la duda si eso es legal y
constitucional, porque aunque el gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz sea
impresentable e indefendible, el hecho es que aún es el gobernador de Oaxaca.
Y, como no soy abogado, no sé dónde dicen
la constitución y la ley que el gobierno tiene la facultad de asumir el control
de las fuerzas policíacas de un Estado, cuando todavía hay gobernador.
Ojalá, Joaquín, que no nos vaya a resultar
peor el remedio que la enfermedad.
Ojalá que el gobierno federal no haya
cedido demasiado, porque en Oaxaca están desatadas fuerzas anarquistas, a las
cuales lo que menos les importa son las instituciones, estatales o federales.
En esos grupos hay gente como el que
encabezó la agresión a Ricardo Rocha.
Ese personaje que encabezó el grupo
agresor que se llevó la camioneta de un funcionario lo explica con una
sencillez aterradora:
“…Fue sólo para demostrar que podemos
tomar lo que queramos”.
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