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No se ve, Joaquín, para cuándo pueda
resolverse el problema del sindicato minero.
En Zacatecas, por ejemplo, se consiguió
que no cerrara la mina San Martín, una de las más importantes de la República.
Pero sigue el paro laboral en otras zonas
del país.
En Lázaro Cárdenas se ofreció a los
mineros huelguistas el pago del 100 por ciento de los salarios de dos meses que
ha durado el paro ilegal. Y lo rechazaron.
En Sonora el gobierno estatal espera el
apoyo federal para aplicar las resoluciones judiciales que ha obtenido la
empresa.
Y la minería mexicana, uno de los sectores
que más se ha desarrollado en los años recientes, está atrapada en el conflicto
sindical.
Nadie quiere ceder.
El gobierno, ha dicho el vocero presidencial
Rubén Aguilar Valenzuela, no negociará, pero no terminan de integrar una
acusación contra Napoleón Gómez Urrutia, al menos una acusación que se sostenga
en tribunales.
Y los mineros huelguistas siguen firmes,
por las razones que sea, en su respaldo a Napoleón Gómez Urrutia, a quien no le
importan los perjuicios ocasionados por su capricho.
Todo indica que así se llegará a las
elecciones presidenciales, con un conflicto laboral cada vez más enredado.
En el viejo régimen, los Presidentes
salientes hacían todo para no heredar a su sucesión los conflictos, menos uno
laboral. Entendían que su responsabilidad era asumir el costo de resolver los
problemas pendientes.
Esa responsabilidad, por lo visto,
Joaquín, no quiere asumirla el gobierno del cambio.
Quizá porque nunca se entendió la
auténtica dimensión de la institución presidencial.
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