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Dos sucesos trágicos marcaron la semana
pasada, Joaquín. La muerte de dos mineros durante el frustrado desalojo de la
planta de Sicartsa en Michoacán y la decapitación de dos policías en Acapulco.
En el caso de Michoacán, sólo culminó una
mala operación política, puesta en marcha cuando se destituyó a Napoleón Gómez
Urrutia de la dirigencia del sindicato minero.
Nunca se calculó que todo el sindicalismo,
desde los mal llamados independientes hasta el más conservador, iban a actuar,
no para defender a Gómez Urrutia, sino para enfrentar lo que entienden como una
amenaza del gobierno para intervenir en la vida interna de los sindicatos.
Ese mal cálculo, Joaquín, llevó a la
confrontación actual y a los muertos.
En el caso de los decapitados en Acapulco
la revelación de que fue por venganza de un narco ejecutado el pasado 27 de
enero, parece coartada para disculpar la barbarie.
Pero el 27 de enero perecieron en un
enfrentamiento a tiros cuatro narcotraficantes y cuando menos dos quedaron
heridos. Si hubo una ejecución, debió aplicarse la ley, no justificar el
terrorismo de los narcos.
En el caso de los mineros es tiempo de
buscar soluciones, no de buscar culpables.
El terrorismo en Acapulco exige
respuestas, más allá del discurso tan gastado de “toda la fuerza del Estado”,
porque dicha fuerza brilla por su ausencia.
En ambos casos, Joaquín, ya basta de
diagnósticos. Hay demasiados diagnósticos, Joaquín, y casi ninguna receta
eficaz.
Ya se sabe cuáles son los problemas, ahora
hay que ocuparse de las soluciones.
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