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A muchos de nosotros, Joaquín, nos ha
conmovido la odisea de la señora María Isabel Miranda de Wallace para localizar
y detener a los secuestradores de su hijo Hugo y para conseguir que las
autoridades obliguen a los criminales a revelar dónde enterraron su cuerpo.
Es una odisea que conmueve, Joaquín, pero
también una odisea que indigna.
Nos indigna que una madre haya conseguido
resultados que las autoridades, federales y de la ciudad de México, no pudieron
obtener, por indolencia, por burocratismo. Y lo peor, Joaquín, por complicidad.
En una entrevista de la semana pasada, la
señora Miranda de Wallace revela que desde que supo del secuestro de su hijo lo
notificó a las autoridades. Los secuestradores sabían todo lo que había tratado
con las autoridades.
Ahora, cuando consigue la detención de Alberto
Castillo Cruz, otro de los criminales, se encuentra que al detenido le llevó
abogados un empleado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Es vergonzoso que las investigaciones las
haya tenido que hacer personalmente la señora Wallace.
Su trabajo muestra la incapacidad de las
autoridades, federales y locales.
Es vergonzoso que sola haya que tenido
enfrentar a la red de complicidades entre empleados corruptos del aparato de
justicia y las bandas criminales.
Ni los pomposos discursos del gobierno
federal, ni las estadísticas del gobierno de la ciudad de México, pueden
ocultar la realidad: estamos indefensos ante la delincuencia.
Un tema que apenas tocan los candidatos
presidenciales.
Dan recetas que parecen una aspirina para
un cáncer.
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