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Dos asuntos han mantenido la atención de
la opinión pública durante varias semanas, Joaquín. Se trata de la muerte de 65
mineros en la mina Pasta de Conchos y del escándalo desatado por las
grabaciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador de Puebla Mario
Marín y el empresario poblano Kamil Nacif.
En el caso de los mineros se ha desatado
una acalorada polémica sobre el liderazgo del sindicato de mineros, un
intercambio de acusaciones entre el gobierno y otros sindicatos preocupados por
cualquier eventual escrutinio del gobierno federal, lo cual los llevó a cerrar
filas detrás del ex líder minero Napoleón Gómez Urrutia.
En el caso de las conversaciones
telefónicas del gobernador de Puebla, Joaquín, la discusión es si debe
renunciar o permanecer en su cargo.
Y,
por supuesto, se ha organizado una cerrada defensa de la escritora Lydia Cacho,
contra quien hubo una demanda por difamación que condujo a una atrabiliaria
detención y consignación.
En ambos casos, sin embargo, Joaquín, se
ha perdido de vista lo sustancial, lo realmente importante.
En el caso de los mineros, salvo contadas
excepciones, casi toda la discusión se ha centrado en los temas eminentemente
políticos. Y muy pocos les interesa corregir las deplorables condiciones en que
trabajan los mineros mexicanos.
Y en el caso de Puebla, arrobados por las
facetas políticas, a muy pocos les interesa el tema central: las redes de
pederastia que operan en México con gran impunidad.
A nadie le interesa investigar ese
despreciable crimen contra niños y niñas.
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