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Es posible, como apuntó el doctor José
Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sea
ilegal la grabación de las conversaciones entre el gobernador de Puebla Mario
Marín y el empresario poblano Kamel Nacif, y entre éste y representantes del
pederasta prófugo de la justicia mexicana.
Es una vergüenza, Joaquín, el tono de las
conversaciones telefónicas. Pero también es brutalmente revelador.
Demuestra que. en el caso de la periodista
Lydia Cacho. se utilizaron arbitrariamente las estructuras del aparato de
justicia de Puebla con fines ajenos a la legalidad. Qué vergüenza que el Poder
Ejecutivo de Puebla haya puesto el aparato de justicia al servicio de los
afanes de venganza de un grupo de particulares.
Debe abrirse una investigación, porque
lamentablemente las grabaciones dadas a la publicidad por sí mismas no pueden
ser utilizadas jurídicamente.
Si vivimos en un Estado de Derecho,
Joaquín, Hay que investigar, para que no quede todo en sólo una condena de la
opinión pública.
Pero este vergonzoso asunto tiene otra
faceta, Joaquín. La faceta política.
Son
vergonzosas las conductas reveladas por las grabaciones, pero no se puede negar
que quienes las entregaron a los medios lo hicieron con fines políticos.
Este
asunto se suma a tantos escándalos que están en el centro de la atención
pública.
Complica el proceso electoral, pero es
parte de la lucha por la Presidencia.
Y lo que falta, Joaquín, porque en esta
lucha por el poder no hay reglas, nadie pide ni nadie da cuartel.
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