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La semana pasada vimos algunos estallidos de frustración de
funcionarios del sistema de procuración de justicia, tanto federales, como del
Distrito Federal.
Nadie puede asegurar que no haya corrupción en el Poder
Judicial, pero para que un funcionario, sea federal o local, lance una
acusación contra un juez tiene que aportar las pruebas y además tiene la
obligación de entregarlas a un tribunal o al Consejo de la Judicatura Federal,
para que el juez sea sancionado.
Es muy peligrosa la práctica que empezó la semana pasada.
Tanto funcionarios del gobierno federal, como del gobierno del Distrito
Federal, acusaron a un juez de emitir fallos que supuestamente favorecen al
hijo del Chapo Guzmán.
El Ministerio Pública, tanto federal, como local, tienen
recursos legales para apelar las decisiones de los jueces, pero tal parece que
al menos en este caso han decidido no utilizarlos y emprenden una campaña de
medios.
¿Qué futuro espera a la Nación si en cada caso destacado en
que los jueces fallen a favor de los acusados van a ser objeto de una
persecución en los medios?
Esa actitud de funcionarios vinculados a las procuradurías
federal y del Distrito Federal, Joaquín, no es sino un descarado
amedrentamiento.
Y uno se pregunta, Joaquín, si esos intentos de desprestigiar
a los jueces no son sino la coartada con que los funcionarios del Ministerio
Público intentan ocultar su ineptitud para hacer investigaciones profesionales
y consignaciones jurídicamente sólidas.
Uno se pregunta, Joaquín, si no se trata de una burda maniobra
para disimular su incapacidad profesional.
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