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Ayer el Congreso del Estado de México resolvió
contundentemente el problema creado por presuntos actos de corrupción en el
Instituto Electoral de la entidad.
No esperaron a que se investigaran las acusaciones que en
todos los foros y en todos los tonos lanzaban contra los consejeros el PAN y el
PRD, y por supuesto el perredista Ricardo Monreal, arquitecto del escándalo.
Forzaron la renuncia de los siete consejeros electorales y
ahora designarán a quienes los reemplazarán.
Se puede alegar con razón, Joaquín, que se debió esperar a la
conclusión de la investigación.
Tristemente, Joaquín, la eficaz operación en medios, primero
de Ricardo Monreal, y luego la intervención de la Secretaría de Gobernación y
los dirigentes del PAN y del PRD, convirtieron el caso del Instituto Electoral
del Estado de México en un juicio sumario, sumarísimo, diría yo.
No sé si los consejeros eran inocentes o culpables, Joaquín.
Quizá nunca lo sabremos, porque el asunto ya está envuelto en la sinrazón y la mala
fe de la politiquería.
Como sea, al renovarse todo el Instituto Electoral del Estado
de México, se restablecen las condiciones para unas elecciones pacíficas y
ordenadas.
Y se les quitan argumentos a quienes quisieran elecciones
violentas, como proclamaba ayer en exaltado discurso el perredista Leonel
Godoy, pues lo único que no podemos permitir es que prevalezcan los
predicadores de la violencia.
Ni ahora, ni en el proceso electoral del año próximo.
Porque con la violencia los que más pierden son los que menos
tienen, aquéllos a los que todos dicen defender.
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