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En la Suprema Corte de Justicia se debate la controversia
constitucional presentada por el Ejecutivo contra el presupuesto aprobado por
la Cámara de Diputados.
El Ejecutivo reclama su derecho a hacerle observaciones al
presupuesto que aprueban los diputados, a vetarlo. Y sostiene que los
diputados, el Poder Legislativo, no tiene facultades para programar obras y
asignarles presupuesto.
Eso es lo que ayer decidían en sesión pública los ministros de
la Suprema Corte de Justicia.
¡Qué bueno que la discusión es pública, Joaquín, aunque a
veces no entendamos muy bien el lenguaje tan complicadamente jurídico que
utilizaron los ministros!
Hoy o en los próximos días votarán y decidirán quién tiene la
razón, sí la Cámara de Diputados o el Ejecutivo Federal.
Y marcarán con más claridad los límites de las facultades de
esos dos poderes de la Federación.
Lo importante es que ese debate sea sólo jurídico y
constitucional. Mal estaríamos si las motivaciones de la discusión entre los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia fueran políticas.
Y digo que estaríamos mal, Joaquín, porque las reformas hechas
hace ya casi 10 años tuvieron por objeto hacer de la Suprema Corte un tribunal
constitucional.
Sólo deben decidir lo que es constitucional y lo que no es
constitucional.
Si las interpretaciones del texto constitucional que hacen los
señores ministros fueran el resultado de simpatías o antipatías políticas, la
Suprema Corte de Justicia dejaría de ser árbitro y se convertiría en un actor
político más.
Con lo que se pervertiría la función del tribunal
constitucional.
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