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Cada vez son más las personas que son víctimas de una
nueva modalidad de delincuencia.
Las víctimas reciben una llamada telefónica en la cual les
exigen el pago de fuertes cantidades de dinero, si quieren evitar ser
secuestrados o que secuestren a algún miembro de su familia.
No son nuevas estas extorsiones, pues desde hace varios años
grupos de pandilleros cobran protección a muchos comerciantes, para protegerlos
de ser asaltados.
Lo novedoso es que a aquellos que han presentado denuncias
ante la PGR les dicen que no se puede hacer nada, hasta que se consume la
extorsión.
Otra vez la impunidad.
Y cómo no, si hasta el jefe de la policía del Distrito Federal
Joel Ortega nos pide que no nos defendamos de los delincuentes.
Uno entendería que el
señor Ortega llamara a los ciudadanos a no portar armas de fuego, pues después
de todo la portación de armas es un delito.
Pero cómo entender que les pida que no utilicen ni gas
pimienta ni esos artefactos que producen descargas eléctricas para defenderse
de los delincuentes, porque pueden ser consignados por lesionar a los
delincuentes. Y uno se pregunta si ya se abolió la figura de la defensa propia.
En los dos casos descritos, Joaquín, resalta la indefensión de
los ciudadanos, la impunidad de los delincuentes y la creciente incapacidad de
las autoridades, federales, estatales y locales para proteger a los ciudadanos.
Y todavía nos enojamos por cartas como las del embajador Tony
Garza.
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