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Ahora que tantos se dicen angustiados por la influencia de los
capos de la delincuencia organizada, se empieza a discutir acerca de cómo
evitar que dicha influencia se extienda al ámbito de la política, sobre todo de
la política electoral.
Por ahora sólo le preguntan a los consejeros del IFE cómo
harán para evitar que eso ocurra. No tardarán en venir las exigencias. Le
exigirán al IFE que erija una barrera que impida que el dinero del narco se
infiltre a las campañas políticas.
Sin duda, Joaquín, que el IFE lo intentará, pero la
legislación actual no facilita la vigilancia del gasto de los candidatos. Ni
siquiera se pueden revisar los gastos de precampaña, porque ninguno de los tres
grandes partidos ha querido reformar la ley electoral.
Les quedan a los tres grandes partidos ya menos de seis meses
para que aprueben cuando menos las reformas que le darían al Instituto Federal
Electoral las facultades para reglamentar los gastos de las precampañas. Y
facultades más amplias para fiscalizar las finanzas de los partidos políticos.
Mientras no se atrevan el PRI, el PAN y el PRD a hacer esas
reformas, no tendrán derecho a exigirle al IFE que haga una tarea para la cual,
ellos, los partidos, no le quieren dar más autoridad.
Y será culpa de los políticos de los tres grandes partidos si
dentro de un año o dos descubrimos que hubo dinero sucio de la delincuencia en
algunas campañas o precampañas.
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