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Todo mundo se entusiasmó con la iniciativa de reformas al
Poder Judicial, pues incluye la propuesta de que los juicios penales sean
orales, no por medio de escritos como ahora.
Se dijo que con esto se agilizaría la administración de la
justicia y se evitarían los rezagos.
Bravo, exclamaron las galerías entusiasmadas sólo de
imaginarse a nuestras versiones autóctonas de Perry Mason elaborando una de sus
magistrales argumentaciones.
Pero la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura
Federal se han encargado de apagar ese entusiasmo.
Resulta que la propuesta, tan maravillosa en el papel, no es
viable cuando se confronta con la realidad.
Dicen en el Poder Judicial que se necesitarían muchísimos más
jueces que los de ahora para poder manejarse con juicios orales.
Y resulta que no hay presupuesto para eso. Menos cuando los
diputados anuncian que le quitarán 5 mil millones al presupuesto del Poder
Judicial.
Caray, Joaquín, a nadie se le ocurrió cotejar las divagaciones
de los autores de la iniciativa de los juicios orales con la realidad del
presupuesto.
Ya es tiempo de obligar a los autores de las iniciativas de
ley, o a quienes proponen programas grandiosos, a que junto con sus ideas digan
de dónde saldrá el dinero para pagarlos.
Porque cuando de ideas se trata, Joaquín, no faltan, es como
decía mi abuelita, ay hijo tienes muy buenas ideas, lástima que te falte el
dinero.
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