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Se ha armado un gran escándalo por la transmisión de las
grabaciones de unas conversaciones telefónicas entre asambleístas perredistas y
funcionarios del gobierno federal.
En este caso, es evidente que hay gran indignación social por
la invasión que hicieron los asambleístas perredistas del recinto de la Cámara
de Diputados. Y quienes recibieron las grabaciones, Joaquín, decidieron que
deberían hacerse públicas, por revelar una posible confabulación entre
asambleístas y gobierno del DF.
Así de simple, pero también así de complicado.
La grabación de charlas telefónicas es ilegal. Otra cosa es
difundirlas en los medios.
Son decisiones que se tienen que tomar en las redacciones.
Dilemas diarios.
Dilemas muy alejados de las discusiones académicas acerca de
cómo practicar el periodismo.
Los perredistas acusan al CISEN de haber grabado y piden su
desaparición, lo cual es una tontería.
En un México amenazado por la delincuencia organizada, por el
narcotráfico, hasta por eventual terrorismo, sería suicida prescindir de
órganos de inteligencia estatal.
Se podría crear, como en Estados Unidos, un comité legislativo
que supervisara a las agencias de inteligencia, pero eso es soñar. Los
diputados y senadores son incapaces de guardar un secreto. Sería peor el
remedio que la enfermedad.
Ni siquiera sabemos quien hizo las grabaciones, Joaquín, hay
tantas intervenciones, Joaquín, que si fuera posible ver todas las escuchas
telefónicas, los alambres telefónicos lucirían como en aquellas escenas de
Hicthcock en la película “Los pájaros”, los alambres telefónicos lucirían
invadidos de golondrinas.
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