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El proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador nos ha
colocado en una encrucijada.
Estamos en un dilema, Joaquín: Si no lo resolvemos bien, el
clima político de la República puede deteriorarse y, aunque no se crea posible,
puede estar peor.
Todo mundo habla de la legalidad, pero cada cual tiene su
propia versión de lo que significa.
Para el gobierno foxista significa aplicar la ley en el caso
de López Obrador, aunque en casos similares no se haya hecho.
Para los perredistas significa una injusticia, porque la
violación a la ley fue muy pequeña, casi insignificante, según alegan.
Unos, los foxistas, hacen aplicación selectiva de la ley. Los
otros, los perredistas, creen que la ley se debe respetar sólo cuando te
conviene.
Ambos, foxistas y perredistas con sus intransigencias han
llevado a la Nación a esta encrucijada.
Si se aplica la ley, se legitima la utilización del marco
legal para combatir a los adversarios políticos y se le cancela a la izquierda
perredista la oportunidad de ganar las elecciones de 2006. Si no se aplica, se
alienta a la izquierda radical para la cual la democracia electoral es sólo una
excusa, porque no cree en ella. Y se confirmará que el chantaje político rinde
frutos.
Ese es el dilema real planteado por la soberbia presidencial y
por la soberbia de López Obrador.
Y en medio, a la intemperie, como siempre, estamos los
ciudadanos de a pie.
¿Cuál es la solución a este dilema, Joaquín? No lo sé, yo no
lo sé...
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