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Desde el momento que se puso en marcha el proceso de desafuero
de Andrés Manuel López Obrador, se puso en marcha una maquinaria que es
fundamentalmente política.
Y es política, Joaquín, porque político es todo lo que hace el
Congreso de la Unión, pues el Congreso es la representación política de los
ciudadanos que votaron para elegir a los legisladores.
Sin embargo, Joaquín, aunque el desafuero sea un proceso
político, todos están obligados a respetar el marco legal.
Es inaceptable que Santiago Creel exija a López Obrador probar
su inocencia. Es el Ministerio Público quien tiene que probar la culpabilidad
de cualquier acusado.
López Obrador tiene derecho a defenderse, pero tendrá que
evitar que sus seguidores sigan con el discurso violento de los últimos días.
Hasta con la violencia armada han amenazado algunos, entre
ellos el gobernador de Baja California Sur Leonel Cota Montaño.
Insisto, López Obrador puede y debe defenderse, pero no debe
aceptar la violencia verbal, porque la violencia verbal no es inofensiva. En
1994 descubrimos como fácilmente se puede convertir en violencia física.
Es evidente que López Obrador quiere aprovechar el proceso de
desafuero como plataforma, como un lanzamiento a nivel nacional de su candidatura
presidencial. Pero el discurso violento asusta a los electores que va a
necesitar en 2006. Y los necesita porque sabe que no puede ganar sólo con los
votos de los perredistas.
Pero si asusta a los electores, aunque no sea desaforado,
aunque sea candidato presidencial, podría perder desde ahora, 22 meses antes de
las elecciones.
No sería la primera vez que las tribus violentas del PRD
hacen perder a un candidato presidencial de su partido.
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