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En Washington, se ha firmado un acuerdo mediante el cual el
gobierno de Estados Unidos se compromete a proteger los derechos laborales de
los migrantes mexicanos.
En el papel el acuerdo parece un acierto, por más que parezca
de alguna manera que el gobierno de México se ha resignado a que casi medio
millón de mexicanos se vayan cada año a Estados Unidos.
La realidad, sin embargo, parece no haber sido considerada al
firmar el acuerdo, Enrique.
En principio, las leyes laborales federales de Estados Unidos
se aplican solamente cuando una empresa realiza comercio interestatal, esto es,
cuando sus productos o servicios se venden en dos o más Estados de la Unión
Americana.
La mayoría de los migrantes mexicanos trabajan en empresas
locales, sujetas solamente a las leyes laborales estatales, no a la federal.
Esa es una realidad aplastante.
La otra realidad, Enrique, es que el acuerdo tiene el reto de
proteger a los mexicanos indocumentados, que constituyen un porcentaje
importante, muy importante de los emigrantes que trabajan en Estados Unidos.
¿Creen acaso que un indocumentado va a presentar una denuncia
y así arriesgarse a ser identificado? Tristemente, el truco para subsistir en
Estados Unidos como indocumentado es permanecer en una especie de anonimato, en
la clandestinidad, Enrique.
En esas condiciones, difícilmente van a pedir asistencia del
gobierno federal de Estados Unidos, el encargado de detectar a indocumentados y
de repatriarlos.
El acuerdo es un gesto de Washington. Un documento quizá bien
intencionado, o posiblemente un gesto cuya finalidad es buscar algún beneficio
electoral para la Casa Blanca. Un acuerdo difícil de cumplir en la realidad, lo
que lo hace inútil.
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