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La decisión de abrir las investigaciones de los llamados
sucesos del pasado fue una decisión que tomó el Presidente Fox con evidentes
fines electorales y propagandísticos.
Santiago Creel fue quien encargó la creación de la fiscalía
para investigar los asuntos del pasado.
Se creía o se cree en el gobierno foxista, Enrique, que se
cumplirían dos objetivos: darle al PRI el golpe que lo rematara y atraerse la
simpatía de algunos sectores de la izquierda.
Objetivos políticos, no de justicia, pues, motivaron la
creación y el diseño de la fiscalía que dirige Ignacio Carrillo Prieto.
Pero el fiscal Carrillo Prieto ha construido casos a partir de
presuntos testimonios y de hipótesis jurídicamente endebles, según muchos
juristas.
Si se procede sin respetar el rigor jurídico en las
consignaciones de un ex presidente, de un ex secretario de gobernación y de
varios ex militares y ex policías, se sentará un peligroso precedente.
Si se violenta la ley, no puede eludir su responsabilidad ni
el Presidente Fox, pues ellos crearon la fiscalía de Carrillo Prieto con fines
esencialmente políticos. Y todos tenemos que reclamar.
No se trata de juzgar la culpabilidad de los que serán
consignados el próximo fin de semana, sino de exigir el respeto a la ley. Ya
sé, Enrique, que es políticamente incorrecto cuestionar al fiscal Carrillo
Prieto, pero no podemos callar.
Si callamos, repetiríamos aquella reflexión producida por la
infame persecución nazi en los años de la Segunda Guerra Mundial.
Vinieron
por el judío y nadie dijo nada. Vinieron por el
socialista y nadie dijo nada. Y cuando vinieron
por mí, nadie dijo nada.
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