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Es posible,
Joaquín, que en las próximas semanas se discuta en el Congreso algún proyecto
que modifique las reglas constitucionales que norman el fuero constitucional.
Equivocadamente, Joaquín, el fuero constitucional ha sido
visto como una patente de impunidad. Nada más lejos de la verdad.
El fuero no es patente de impunidad, porque existen
procedimientos legales mediante los cuales un legislador puede ser desaforado y
así ser obligado a comparecer ante las autoridades judiciales, en caso de ser
considerado como presunto responsable de algún delito.
El fuero, Joaquín, no tiene otra finalidad que proporcionarle
a los legisladores la protección necesaria para el ejercicio de sus funciones
de hacer las leyes, darles a los legisladores un escudo que los defienda de las
presiones de los gobiernos.
Algunos suponen, con una ingenuidad que da ternura, que la
situación ha cambiado tanto que ningún gobernante amenazaría con meter a la
cárcel a ningún legislador por razones políticas.
Eso es lo que tendríamos que preguntarnos, Joaquín.
Si el gobernador de Yucatán Patricio Patrón Laviada está
dispuesto a someter a juicio político a los magistrados del Tribunal Superior
que se oponen a liberar a un amigo del mandatario, ¿por qué no pensar que
cualquier funcionario ejercería todo su poder para someter a su voluntad a los
miembros del Congreso?
Eso es cosa del viejo régimen, afirman los diletantes de la
ciencia política.
No, Joaquín, es el factor humano.
Y los hombres que hicieron la Constitución, fogueados en
luchas armadas y políticas, sabían que el factor humano hace que los hombres
del gobierno tuercen las leyes en su beneficio cada vez que pueden. Sería un
error despojar a los legisladores del fuero.
Y no puede alegarse que la democracia llegó para quedarse y
que en las democracias esos abusos por parte de los gobiernos no ocurren.
No, Joaquín, porque
bien lo dijo Carlos Castillo Peraza:
Somos una democracia,
pero sin demócratas.
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